Embargo preventivo

El embargo preventivo ofrece la seguridad de que una deuda podrá ser efectivamente cobrada una vez que se obtenga una resolución favorable. El dinero, los bienes o los créditos sobre los que recae un embargo preventivo quedan asegurados hasta que el juez se pronuncie sobre el asunto.

Los procedimientos judiciales suelen durar bastante tiempo, desde aproximadamente seis meses hasta más de dos años. Para evitar que la persona obligada a indemnizar daños aproveche ese tiempo para hacer desaparecer dinero o bienes, el ordenamiento jurídico neerlandés permite solicitar un embargo preventivo.

¿Sobre qué bienes puede practicarse un embargo preventivo?

El embargo preventivo puede recaer, entre otros, sobre:

  • Cuentas bancarias.
  • Bienes inmuebles.
  • Acciones e inventario comercial.

La consecuencia de un embargo preventivo es que el banco bloquea los fondos existentes en la cuenta embargada, un notario ya no puede colaborar en la transferencia de un inmueble embargado, las acciones no pueden ser transmitidas y el inventario comercial debe permanecer donde se encuentra y no puede ser entregado.

Embargo preventivo sobre bienes o créditos en poder de terceros

Una forma especial de embargo preventivo es el denominado embargo sobre bienes o créditos en poder de terceros. Este mecanismo permite embargar dinero o bienes que se encuentran en manos de una tercera parte.

Supongamos que la contraparte tiene almacenado un lote de aguacates o frutos secos con un operador logístico, por ejemplo para almacenamiento temporal o reacondicionamiento. Una vez practicado el embargo preventivo ante dicho operador logístico, este ya no podrá devolver los aguacates o frutos secos a la contraparte.

Otro ejemplo: imagine que la contraparte se niega a pagar una factura y se sabe que realiza negocios regularmente con un determinado comprador. Es lógico que la contraparte emita facturas periódicamente a ese comprador y que estas normalmente sean pagadas. Si se practica un embargo preventivo ante ese comprador, este ya no podrá pagar las facturas de la contraparte.

En ambos casos, los bienes o el dinero deberán permanecer bajo la custodia de la tercera parte, es decir, del operador logístico o del comprador en el segundo ejemplo, hasta que se dicte una resolución sobre la reclamación. Si el juez o el árbitro da la razón al acreedor, este tendrá derecho a recibir el dinero o el valor de los bienes embargados.

Delito penal

Quien sustrae bienes o fondos sujetos a embargo comete un delito penal. Por ello, es poco probable que un operador logístico se arriesgue a devolver aguacates o frutos secos embargados, y un banco no colaborará en la liberación de fondos mientras exista un embargo preventivo sobre la cuenta.

Asimismo, un empleado que retire mercancías embargadas o mobiliario de oficina embargado para esconderlos en otro lugar puede enfrentarse personalmente a consecuencias penales, al igual que su empleador. Además, ambos pueden ser considerados responsables de los daños sufridos por quien solicitó el embargo.

En resumen, el embargo preventivo constituye en la práctica una herramienta eficaz para evitar que una contraparte haga desaparecer dinero o bienes mientras se desarrolla un procedimiento judicial.

Solicitud de embargo preventivo

Si, tras consultarlo con el cliente, concluimos que resulta conveniente intentar obtener un embargo preventivo, prepararemos una solicitud que presentaremos ante el tribunal. En dicha solicitud explicaremos la naturaleza de la controversia, el importe de la reclamación y los bienes sobre los que debe practicarse el embargo. El juez evaluará si la solicitud cumple los requisitos legales y si está justificada. Mientras tanto, será necesario identificar con qué banco opera la contraparte, dónde se encuentran almacenados sus bienes y quiénes son sus clientes o proveedores.

Si la solicitud cumple los requisitos legales, los tribunales suelen conceder autorización en la mayoría de los casos, especialmente cuando se trata de cuentas bancarias o bienes inmuebles. Los embargos sobre inventarios comerciales son examinados con mayor rigor y solo se autorizan cuando no existen alternativas menos gravosas.

El plazo de tramitación suele oscilar entre unas pocas horas y un día. La contraparte no es informada de la solicitud ni participa en su tramitación. En la práctica, normalmente descubre la existencia del embargo cuando el agente judicial lo ejecuta o cuando el banco bloquea los fondos de la cuenta.

El agente judicial practica el embargo

Una vez obtenida la autorización judicial, coordinamos con un agente judicial la práctica efectiva del embargo. Para ello, el agente judicial debe disponer de información sobre el banco con el que opera la contraparte, la ubicación exacta de los bienes y el momento en que estos se encuentran allí.

A veces es posible saber inmediatamente si el embargo ha dado resultado, por ejemplo porque el agente judicial puede comprobar personalmente la existencia de mercancías. En otros casos, puede ser necesario esperar varias semanas. Esto se debe al plazo del que disponen los terceros para informar al agente judicial si tenían bienes o fondos de la contraparte en el momento en que se practicó el embargo.

Obligación de iniciar un procedimiento principal

Toda autorización para practicar un embargo preventivo está sujeta a la condición de iniciar un procedimiento principal dentro de un plazo determinado, que normalmente es de 14 días.

Incluso cuando todavía no se sabe si el embargo ha sido efectivo, será necesario iniciar una acción judicial o un arbitraje dentro del plazo fijado por el tribunal.

El plazo habitual de 14 días es muy breve. Por ello, no suele ser posible evitar que, paralelamente a la preparación de la solicitud de embargo preventivo, se empiece también a redactar la demanda o a preparar la solicitud de arbitraje.

El procedimiento principal puede ser tanto un procedimiento judicial como un arbitraje, en los Países Bajos o en cualquier otro lugar del mundo. Un procedimiento sumario no se considera un procedimiento principal.

Se gana el procedimiento principal

Si se ha practicado un embargo preventivo y posteriormente se gana el procedimiento principal, el embargo podrá ejecutarse. En ese caso, los fondos existentes en la cuenta bancaria o el importe de una factura pendiente de pago por parte de un cliente podrán ser entregados al acreedor.

Si la contraparte pierde el procedimiento pero interpone un recurso de apelación, el embargo preventivo permanecerá vigente. Lo mismo ocurre si posteriormente se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.

Por lo tanto, un embargo preventivo puede mantenerse durante años hasta que exista una resolución firme y definitiva sobre la controversia.

Se pierde el procedimiento principal

Si finalmente se pierde el procedimiento, quien solicitó el embargo será responsable de los daños provocados por dicha medida.

En caso de embargo sobre una cuenta bancaria, por ejemplo, deberá indemnizarse el interés legal correspondiente al período durante el cual los fondos no estuvieron disponibles.

Si el embargo causó daños a mercancías perecederas o generó costes adicionales de almacenamiento, esos daños también deberán ser indemnizados.

Costes de un embargo preventivo

El tribunal cobra tasas judiciales por tramitar una solicitud de embargo preventivo y el agente judicial cobra honorarios por practicar los embargos.

Las tasas judiciales deben abonarse incluso si la solicitud es rechazada. Asimismo, los honorarios del agente judicial deberán pagarse aunque el intento de embargo no produzca resultado alguno, por ejemplo porque las mercancías ya habían sido entregadas o porque no existían fondos en la cuenta bancaria.

También forman parte de los costes el tiempo que dedica el abogado a preparar y redactar la solicitud de embargo preventivo, así como las gestiones realizadas con la oficina judicial y con el agente judicial.

Conclusión clave

¿Qué es un embargo preventivo y cuándo conviene solicitarlo?

El embargo preventivo es una medida cautelar que permite bloquear cuentas bancarias, mercancías, inmuebles o créditos de una contraparte antes de obtener una sentencia definitiva. Para exportadores e importadores del sector agroalimentario que operan con Europa, constituye una herramienta especialmente eficaz para evitar que activos desaparezcan durante un litigio y aumentar las probabilidades de recuperación efectiva del crédito.

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